HORA DE CAMBIOS

COMO NOS ROBAN CON LOS PUNTOS BASANDOSE EN QUE NO HAY EFECTIVO.

La inusual acción ocasiona molestias en los compradores quienes de manos atadas por no contar con dinero en efectivo por la crisis del sencillo en la calle, terminan pagando en el establecimiento desde un 10% hasta un 25% adicional mediante tarjeta de débito, situación que descapitaliza el bolsillo de las personas.

En estos momentos, cuando hasta el mínimo bolívar cuenta para el bolsillo de la mayoría de los venezolanos, la imposición de un cobro adicional al cancelar un producto o servicio con tarjetas de créditos mantiene estresada a la población.

Sin que esto no fuera suficiente para golpear a las personas, comerciantes aplican aceptar los cobros con tarjeta de débito a partir de montos mínimos que ellos establecen de manera unilateral, sin derecho a protesta.

A pesar que esta práctica es ilegal porque hasta ahora ningún decreto o resolución ha sido emitido y ordenado por algún ente gubernamental para la economía venezolana, el cobro de ese porcentaje, que se adiciona al total de la compra, se continúa obligando a los consumidores con impunidad.

Sobre este hecho que viene ocurriendo en el país desde hace varios meses sin que sepa oficialmente sobre detenidos, se violan flagrantemente las regulaciones y normas que rigen la materia, como la Ley de Tarjetas de Crédito prepagadas y demás financiamientos de pagos electrónicos. También se está transgrediendo las normas de la Sudeban respecto a que prohíben la discriminación, cuando la persona va a apagar en tarjeta, tal como está sucediendo.

Aquí se está en la clara presencia de una alteración del precio verdadero del producto y de los presuntos delitos de enriquecimiento sin causa y pago de lo indebido, contemplados ambos en el Código Civil venezolano y Código de Procedimiento Civil, pero además, se viola la Ley de Precios Justos, que de aplicarse esta serie de normativas, los responsables implicados serían sancionados inmediatamente por la autoridad competente y se crearía un precedente de Estado.